EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Después de una semana leyendo comentarios sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, y estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho y escrito en su contra, hoy he tenido la satisfacción al leer una crítica, tan demoledora como la que yo haría, a los Padres de la Sacrosanta Transición(con mayúsculas porque se trata de divinidades), tanto políticos como juristas constituyentes, como padres de este desaguisado que estamos padeciendo. Es de Roberto Centeno y está hecha en el contexto de un amplio artículo sobre la financiación autonómica y la depresión económica. Aunque no es la primera vez que se critica el modelo, merece la pena leerlo porque criticar la transición y apartarse de las loas habituales es de lo más políticamente incorrecto y, por tanto, no menudean las descalificaciones desde presupuestos democráticos.

Añadiré algo más. La Constitución tiene sus meritos, qué duda cabe, y ya nos han explicado sobradamente las dificultades que obligaron a supeditar cualquier consideración al consenso necesario para evitar volver por donde solíamos; pero no hay nada, nada, que justifique el tremendo despropósito que supone todo el título VIII y los añadidos sobre los privilegios fiscales de que disfrutan el País Vasco y Navarra. Con ellos se nos embarca en el estado más complicado del mundo, en formación y negociación permanente, favorecedor de la desigualdad, el más ineficiente y caro; el más estúpido, por tanto. Si se hizo con la finalidad de evitar la segregación del País Vasco y Cataluña, hemos pagado el coste para nada. ETA siguió, el nacionalismo vasco se radicalizó, el gobierno catalán se desvive por abrir embajadas y desarrollar políticas orientadas a la diferencia, como el fomento del monolingüismo en catalán, por citar algunos ejemplos, mientras reprochan al Estado central la falta de fondos para abordar las necesidades en infraestructuras y políticas sociales. Más racional hubiera sido establecer el derecho de secesión con mayorías cualificadas para los que no la pidieran a tiros y haber establecido la descentralización necesaria sin privilegios porque esas mayorías no las habrían obtenido y nos hubiera ahorrado el eterno memorial de agravios inexistentes.

El frágil equilibrio en que se mantuvo durante años el modelo hacía presagiar que la crisis podría sobrevenir en cualquier momento. Ni los gobiernos del PSOE ni los del PP tuvieron la lucidez de emprender las reformas necesarias para cerrar el estado autonómico y sacar las conclusiones de los fallos observados en el modelo. Y así llegó Rodríguez Zapatero que, prisionero de sus deudas políticas y de su falta de solidez, ha precipitado la quiebra poniéndose en manos de los nacionalistas catalanes para dar paso a un estatuto de vocación confederal que sienta las bases de la bilateralidad que ha imperado en la negociación de la financiación autonómica. Las reformas estatutarias que han seguido no hacen sino confirmar que hemos entrado en un proceso de debilitamiento del Estado de final no previsible. La excepción vasca y navarra figuran como ideales en el horizonte catalán y en su apoyo ha venido la radical incompetencia del Tribunal Constitucional que lleva tres años para resolver el recurso contra el Estatuto. Se decía que aprovecharían el mes de Agosto para publicar la sentencia y así poner sordina a la polémica. Ahora parece que ni eso, la presidenta no tiene prisa. Mientras el Estatuto sigue produciendo efectos, seguimos sin conocer el dictamen del Tribunal sobre su constitucionalidad.

Cuando Zapatero pactó con Artur Mas los aspectos del Estatuto que desatascaron su tramitación , entre ellos la disposición adicional tercera que imponía al Estado equiparar durante siete años las inversiones en Cataluña a su aportación al PIB, los barones socialistas disidentes hasta ese momento, especialmente el presidente extremeño, se callaron por razones que no se me alcanzan. Desde entonces, el PSOE me ha dado la impresión de estar más muerto que la momia de Tutankamon; de haber renunciado a una reivindicación tradicional de la izquierda como es la de corregir el desarrollo desigual; de haber renunciado a la vertebración de España y, en fin, de caminar sin rumbo. Ni que decir tiene que el PP no es la oposición que necesitamos para corregir esta deriva.

Ya sabemos que las formas políticas son perecederas, que la forma Estado Moderno renacentista, de la que España fue pionera, no será eterna. Lo preocupante del caso es que lo que aquí se perfila no es un nuevo modelo de progreso para avanzar más, como lo fue el Estado-Nación que superó al feudalismo, como lo es en germen la Unión Europea, sino una fórmula degenerada fruto de la incompetencia y los intereses mezquinos que nos está haciendo más pobres y situando en peores condiciones para abordar los retos del futuro.