LA REFORMA DEL SISTEMA AUTONÓMICO EMPIEZA A PREOCUPAR A LOS ESPAÑOLES

El último barómetro del CIS refleja un cambio importante en las preocupaciones de los ciudadanos: Un 54,1% de españoles creen que hay que reformar la Constitución. A la pregunta sobre qué aspectos habría que reformar, un 6,9 por ciento responde que el sistema autonómico, el segundo porcentaje más alto, tras la Justicia, que obtiene un 9 por ciento. Observando los resultados clasificados por condición socio-económica, me parece también significativo que el mayor porcentaje de respuestas favorables a la reforma del sistema autonómico se da entre los colectivos de más cualificación profesional llegando a un 17, 5 en el grupo A(empresarios con asalariados, altos funcionarios, altos ejecutivos y profesionales por cuenta propia) y siendo muy superiores a la media los grupos B( profesionales y técnicos por cuenta ajena y cuadros medios), C(comerciantes y pequeños empresarios) y J(estudiantes), lo que indica que es prevalente este criterio entre los grupos más dinámicos y formados de la sociedad.

Es de gran importancia este cambio de opinión, que revela un distanciamiento abismal entre las preocupaciones de la gente y la agenda política de los partidos mayoritarios, mejor dicho, de todos los partidos excepto UPyD. Como se sabe, éste es uno de los elementos importantes en el programa de Unión Progreso y Democracia, lo que indicaría que, más allá de los resultados que predicen las encuestas, que muestran un aumento sostenido de intención de voto, UPyD está ganando la batalla ideológica al ganar terreno sus propuestas de reforma constitucional y especialmente la relativa al Estado Autonómico. Es cuestión de tiempo, poco tiempo, que gane también la electoral.

Algunos políticos de los grandes partidos, muy atentos a la demoscopia y ansiosos por marcar posiciones de cara a las convulsiones que se avecinan, se están apresurando a sumarse al carro de la crítica al funcionamiento o las disfunciones del Estado Autonómico. Estaría muy bien si estas críticas no escondieran una gran dosis de cinismo u oportunismo flagrante, por las posiciones que han mantenido hasta ayer y de las que se van a olvidar mañana, porque podrían instar las reformas y no lo hacen. No cabe duda de que para llevar a cabo la reforma constitucional se precisa el concurso de los dos grandes partidos y que estos tienen que captar el sentir que ya está en la calle. Pero se equivocan quienes piensen que, sin la presencia de UPyD en las instituciones, las reformas se van a llevar a cabo.

Y no sólo porque este partido fuera pionero en detectar el problema y la necesidad de su reforma, que, por supuesto, lo fue. Es que, además, UPyD lleva en su programa la reforma del Título VIII de la Constitución y defiende el mismo en toda España con la misma convicción por muy impopular que pueda resultar en algunas autonomías. Asimismo, y pese a sus escasos recursos, se ha tomado la molestia de elaborar el estudio “El coste del Estado Autonómico”, publicado por la Fundación Progreso y Democracia, en el que se analizan las duplicidades, redundancias y excesos del mismo, porque sólo a partir del análisis del funcionamiento del sistema, se podrá proceder a su reforma. Por extraño que pueda parecer, no se ha hecho nada similar desde los gabinetes de estudio ni desde las mil fundaciones bien subvencionadas de los partidos millonarios, más preocupados en el reparto de prebendas y sinecuras que están minando las finanzas públicas que en atender al bien común que debería preocuparlos.

Precisamente por esa inactividad, no son creíbles las súbitas conversiones a la racionalización del Estado. Y resultan menos creíbles cuando se observa que en los 17 miniestados que se han ido constituyendo, los intereses de las élites locales de esos partidos han ido tejiendo su red de intereses; han sido los autores de esa proliferación de entes despilfarradores; se han dejado abducir por el discurso de los partidos nacionalistas en las comunidades donde existen; han hecho su agosto en la vorágine centrifugadora y, en fin, son los principales beneficiarios de la situación que hay que cambiar.

Por ello no hay que cometer el error de dejarnos engañar por los conversos que tienen las miras puestas en las próximas elecciones. Para que se haga la reforma constitucional que el país necesita, y los sectores más conscientes de la sociedad están empezando a demandar, es preciso que UPyD tenga una representación importante en las instituciones. Porque no tiene hipotecas ni intereses que lo aten y va aglutinando a personas conscientes de que tenemos en nuestras manos la oportunidad de dar un vuelco que libre a nuestro país del abismo al que se aboca; porque tiene convicción, en suma. Y no hay mucho tiempo para actuar. Por ello, las próximas elecciones municipales y autonómicas, a las que UPyD concurre con un programa en clave nacional, tienen que ser el punto de partida de un despegue mucho mayor de cara al 2012. No basta con ganar la batalla ideológica.

"ALGUNA INICIATIVA PARA REFORZAR LO QUE ES EL ESFUERZO DE DESARROLLO DEL ESTATUTO"

Con esa falta de fluidez, de destreza verbal, que lo caracteriza, consiguió al fin desatascarse y alumbrar la frase, tan discutible en la forma como en el contenido, que encabeza este escrito y que nos ha dejado perplejos e inquietos. Después de esperar durante cuatro años la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, lo menos que podíamos esperar era que el presidente del Gobierno, principal artífice del desaguisado autonómico de estos años, hubiera dado muestras de una mínima lealtad institucional aceptando el fallo sin matices y sacando las conclusiones autocríticas pertinentes. Al menos, lo primero. Lejos de ello, su anuncio de que recibirá a Montilla “para analizar la sentencia y, en su caso, si hubiera que tomar alguna iniciativa para reforzar lo que es el esfuerzo de desarrollo del Estatuto que hemos hecho”, nos indica que vuelve por sus fueros en su tendencia a plantear las reformas constitucionales esquivando la legalidad, recurriendo a subterfugios. Es la misma tendencia que lo llevó a apoyar un Estatuto que contradecía la Constitución. Estaremos atentos para ver qué nos depara esa reunión con Montilla.

Tampoco es de recibo considerar el fallo del Tribunal Constitucional un triunfo de los partidarios del Estatuto cuando anula cuestiones tales como la bilateralidad en las relaciones financieras con el Estado, lo que cuestiona el sesgo confederal que lo inspiraba; el uso preferente del catalán en la Administración Pública o un poder judicial propio. Pese a ser una sentencia blanda, éstas no son cuestiones baladíes.

La primera y obvia conclusión que cabe sacar es que los intereses electorales ciegan de tal manera al presidente que desaprovecha una ocasión más, la que brinda la sentencia, para hacer política con mayúsculas y sacar a colación el problema del Estado autonómico y abordar una imprescindible reforma constitucional para cerrarlo. Otra conclusión más pesimista sería que eso es imposible dado que no se trata de que los intereses electorales cieguen su visión política a largo plazo sino que carece de ella y, por lo tanto, sólo puede conducirse por lo único que lo motiva. Quédense con la que quieran. La segunda conclusión, derivada de la anterior, es que hacen falta líderes políticos con visión de Estado para llevar a cabo esa reforma. Cuanto antes se rompa el bipartidismo imperfecto, en alianza con los nacionalistas, que tiene secuestradas las grandes decisiones en función de los cálculos a corto plazo de los partidos, más posibilidades de abordar la reforma constitucional y de dotarnos de un Estado eficiente garante de la igualdad. Es una de las razones principales, en mi opinión la fundamental, que dieron origen a la creación de UPyD y hoy sigue vigente porque el problema empeora por momentos. Como muestra de ello no hay más que ver la reacción de la Junta de Andalucía que, a través de su portavoz, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, nos anuncia que “el Estatuto andaluz se seguirá desarrollando con toda normalidad”, pese a que coincide con el catalán en preceptos anulados. Aunque, formalmente, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no afecta a otra similar si no es recurrida a su vez, lo deseable es que la Junta de Andalucía y otros gobiernos autonómicos afectados, como el de la Comunidad Valenciana, hubieran sacado conclusiones de contenido pues el fallo afecta a sus estatutos aprobados. Pero es que la epidemia centrifugadora se extiende y la sensatez se está haciendo esperar.

LA REFORMA OCULTA DE LA CONSTITUCIÓN

Es tan raro oír públicamente expresar su opinión a los juristas sobre lo que está ocurriendo respecto a la reforma espuria de la Constitución que está teniendo lugar por la vía de las reformas estatutarias, que comienzan con la del Estatuto de Cataluña, que es imprescindible hacerse eco de las raras voces que se atreven a decir en público lo que piensan en privado. Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela ha lanzado la acusación de que es altísimo el número de juristas que expresan en privado que el texto del Estatuto de Cataluña es inconstitucional. Lo ha hecho en la conferencia sobre “La reforma oculta de la Constitución” que ha impartido en el Círculo de Bellas Artes, seguida de una mesa redonda en la que, moderados por la abogada del Estado Elisa de la Nuez, han intervenido el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, Ignacio Solís Villa, notario y Decano del Colegio de Madrid y Alberto G. Ibáñez, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El acto, organizado por la Fundación Progreso y Democracia ha sido notable como toque de atención sobre la deriva peligrosa que está siguiendo el texto constitucional y por la importancia que tiene el que una personalidad como Álvaro Rodríguez Bereijo, con la autoridad que su trayectoria le confiere, haya expresado el temor de que, si el Tribunal Constitucional no lo remedia, serán los Estatutos de Autonomía los que regulen la organización territorial del Estado.

Roberto Blanco Valdés comenzó su exposición asegurando que se percibe un cambio de clima en cuanto a sacar a relucir la necesaria reforma de la Constitución, clima que no se percibía hace dos años cuando Unión Progreso y Democracia se atrevió a plantearlo. A continuación hizo un repaso a la historia constitucional española en el que destacó que no ha habido reformas constitucionales sino violación sistemática de las constituciones, al no haber existido un control de constitucionalidad. La Constitución de 1978 es en este sentido una excepción al establecer el control de constitucionalidad, hecho que la caracteriza junto al blindaje.

A continuación señaló que, excepto en la reforma del Senado y en el orden de sucesión en la Corona, no había hasta ahora una conciencia de que hubiera que reformar el texto constitucional para preguntarse cómo surge esta reforma espuria y responder que se debe a la estrategia de Maragall de aumentar su oferta nacionalista para ganar las elecciones, pese a que nadie, ni siquiera CIU, estaba interesado en reformar el Estatuto. Este hecho determina que se llegue a un Estatuto que reforma la Constitución en aspectos sustanciales y cita el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial al establecerse un Consejo de Justicia de Cataluña, que no está previsto en la Constitución y cuyas competencias se solapan con las del CGPJ. Además de la perspectiva jurídica, considera una insensatez política el proceso a que va a dar lugar, un Estado ingobernable, si el Tribunal Constitucional lo declara ajustado a la Constitución porque todas las Comunidades seguirán ese rumbo y ya no se podrá abordar la reforma que requiere la Constitución.

Álvaro Rodríguez Bereijo coincidió esencialmente con este análisis y caracterizó la situación actual como de "encrucijada constitucional", señalando que se precisa un consenso tan amplio al menos como el de 1978 para abordar una reforma, eliminando defectos e imprecisiones, pero se muestra pesimista sobre esta posibilidad. Hasta 2004, prosiguió, la rigidez del texto había sido su defensa, rigidez que le permitía asimilar cambios, supervisados por un Tribunal Constitucional responsable. Pero la acción concertada de un insensato, Maragall, y un irresponsable, Zapatero, ha dado lugar a una situación en que ninguna de las dos fórmulas, ni la reforma ni la rigidez, con su capacidad de resistencia adaptativa, parecen fáciles de lograr ahora. Se ha colocado al Tribunal Constitucional en una posición muy fuerte, excesiva, se le ha abocado a suplir al Congreso y al Senado. Hay responsabilidad en los miembros del Tribunal, pero sobre todo en la frivolidad política de los iniciadores y de los parlamentarios. En las Cortes, juristas de prestigio, continuó, han avalado disparates en la discusión del texto y han votado a favor de un Estatuto del que estaban en contra, sin querer establecer, además, el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas estatutarias.

Rodríguez Bereijo ha insistido, a lo largo de su exposición, en la solidez y fortaleza que debería tener el Tribunal Constitucional, refiriéndose a las palabras del fallecido Tomás y Valiente, al caracterizar como "pecado original" la sentencia de Rumasa, que es, a su juicio, una excepción en una trayectoria de independencia. Recordó que él mismo ya advirtió en 1999 sobre los riesgos que se veían venir y advirtió que el Tribunal debía ser fuerte como una roca. También recordó a Tomás y Valiente al mencionar que "el Tribunal pierde prestigio por lo que hace pero también por lo que de él se hace", al hilo de su crítica a las "groseras" presiones a que está siendo sometido por parte de políticos y periodistas, presiones y fragmetanción que no tienen precedentes por su intensidad y que están causando daños irreversibles.

Ignacio Solís se refirió en su intervención a los dos procedimientos de reforma, el ordinario, regulado en el art. 167, y el agravado, en el 168. y a la ambigüedad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre si la propia reforma es susceptible de control por el Tribunal Constitucional. Rechazó en su intervención la doctrina del "bloque de constitucionalidad", formado por la Constitución, Estatutos y Leyes Orgánicas pues da lugar a que normas que pueden ser inconstitucionales sean a su vez el modelo para decidir sobre la constitucionalidad de otros preceptos.

La intervención de Alberto Ibáñez, bajo el título "Política y eficacia", estuvo dedicada al interesante ejercicio de valorar los costes del Estado autonómico, deslindando los gastos inevitables de los evitables y, entre éstos, los costes por actuaciones innecesarias y superfluas, por fraccionamiento de los servicios, duplicidades, actuaciones redundantes como las televisiones públicas autonómicas, las embajadas de las Comunidades Autónomas, la proliferación de observatorios, los gastos excesivos de personal y propuso para solucionar estas lacras una serie de medidas pero, sobre todo, la idea motriz de situar al ciudadano en el primer nivel, pues la ineficacia redunda en su perjuicio.

En el coloquio que siguió, me interesaron especialmente la respuesta de Rodríguez Bereijo a los asistentes señalando los fallos de los constituyentes al no prever las consecuencias de esa "ingeniería" que lleva aparejado el Título VIII. Los constituyentes no previeron el modelo definitivo cuyo problema, más que el de resultar ingobernable, es el de los costes de la gobernabilidad. Destacó el error de no reservar una competencia al Estado sobre la ordenación del territorio, fallo que llevó durante su mandato al frente del TC, a hacer una mala sentencia sobre un asunto relacionado con esa competencia. Coincidió con Roberto Blanco al señalar que, no obstante los fallos, lo imprevisible, y factor determinante de la quiebra del modelo, había sido la deslealtad nacionalista. Imprevisible, pienso, si no se conoce la esencia del nacionalismo. También afirmó que los miembros del TC no son independientes "porque no quieren" y, al preguntarse qué pasa en nuestra democracia para que las cosas no sean como tienen que ser, encuentra la respuesta en la clase política, en los partidos, que precisan de una reforma en su organización, en su funcionamiento, que debe ser democrático, también en el cambio que necesita la ley electoral, pero el problema, afirmó, está también en la ciudadanía. Esto puede parecer una obviedad, pero es muy importante que se diga, que seamos conscientes de que el desistimiento de los ciudadanos es el mejor aliado de una clase política degenerada en su carrera hacia la perpetuación, sin voluntad de solucionar los problemas y, lo que es peor, agravándolos cuando le conviene.

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Después de una semana leyendo comentarios sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, y estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho y escrito en su contra, hoy he tenido la satisfacción al leer una crítica, tan demoledora como la que yo haría, a los Padres de la Sacrosanta Transición(con mayúsculas porque se trata de divinidades), tanto políticos como juristas constituyentes, como padres de este desaguisado que estamos padeciendo. Es de Roberto Centeno y está hecha en el contexto de un amplio artículo sobre la financiación autonómica y la depresión económica. Aunque no es la primera vez que se critica el modelo, merece la pena leerlo porque criticar la transición y apartarse de las loas habituales es de lo más políticamente incorrecto y, por tanto, no menudean las descalificaciones desde presupuestos democráticos.

Añadiré algo más. La Constitución tiene sus meritos, qué duda cabe, y ya nos han explicado sobradamente las dificultades que obligaron a supeditar cualquier consideración al consenso necesario para evitar volver por donde solíamos; pero no hay nada, nada, que justifique el tremendo despropósito que supone todo el título VIII y los añadidos sobre los privilegios fiscales de que disfrutan el País Vasco y Navarra. Con ellos se nos embarca en el estado más complicado del mundo, en formación y negociación permanente, favorecedor de la desigualdad, el más ineficiente y caro; el más estúpido, por tanto. Si se hizo con la finalidad de evitar la segregación del País Vasco y Cataluña, hemos pagado el coste para nada. ETA siguió, el nacionalismo vasco se radicalizó, el gobierno catalán se desvive por abrir embajadas y desarrollar políticas orientadas a la diferencia, como el fomento del monolingüismo en catalán, por citar algunos ejemplos, mientras reprochan al Estado central la falta de fondos para abordar las necesidades en infraestructuras y políticas sociales. Más racional hubiera sido establecer el derecho de secesión con mayorías cualificadas para los que no la pidieran a tiros y haber establecido la descentralización necesaria sin privilegios porque esas mayorías no las habrían obtenido y nos hubiera ahorrado el eterno memorial de agravios inexistentes.

El frágil equilibrio en que se mantuvo durante años el modelo hacía presagiar que la crisis podría sobrevenir en cualquier momento. Ni los gobiernos del PSOE ni los del PP tuvieron la lucidez de emprender las reformas necesarias para cerrar el estado autonómico y sacar las conclusiones de los fallos observados en el modelo. Y así llegó Rodríguez Zapatero que, prisionero de sus deudas políticas y de su falta de solidez, ha precipitado la quiebra poniéndose en manos de los nacionalistas catalanes para dar paso a un estatuto de vocación confederal que sienta las bases de la bilateralidad que ha imperado en la negociación de la financiación autonómica. Las reformas estatutarias que han seguido no hacen sino confirmar que hemos entrado en un proceso de debilitamiento del Estado de final no previsible. La excepción vasca y navarra figuran como ideales en el horizonte catalán y en su apoyo ha venido la radical incompetencia del Tribunal Constitucional que lleva tres años para resolver el recurso contra el Estatuto. Se decía que aprovecharían el mes de Agosto para publicar la sentencia y así poner sordina a la polémica. Ahora parece que ni eso, la presidenta no tiene prisa. Mientras el Estatuto sigue produciendo efectos, seguimos sin conocer el dictamen del Tribunal sobre su constitucionalidad.

Cuando Zapatero pactó con Artur Mas los aspectos del Estatuto que desatascaron su tramitación , entre ellos la disposición adicional tercera que imponía al Estado equiparar durante siete años las inversiones en Cataluña a su aportación al PIB, los barones socialistas disidentes hasta ese momento, especialmente el presidente extremeño, se callaron por razones que no se me alcanzan. Desde entonces, el PSOE me ha dado la impresión de estar más muerto que la momia de Tutankamon; de haber renunciado a una reivindicación tradicional de la izquierda como es la de corregir el desarrollo desigual; de haber renunciado a la vertebración de España y, en fin, de caminar sin rumbo. Ni que decir tiene que el PP no es la oposición que necesitamos para corregir esta deriva.

Ya sabemos que las formas políticas son perecederas, que la forma Estado Moderno renacentista, de la que España fue pionera, no será eterna. Lo preocupante del caso es que lo que aquí se perfila no es un nuevo modelo de progreso para avanzar más, como lo fue el Estado-Nación que superó al feudalismo, como lo es en germen la Unión Europea, sino una fórmula degenerada fruto de la incompetencia y los intereses mezquinos que nos está haciendo más pobres y situando en peores condiciones para abordar los retos del futuro.