Ha tenido poca repercusión, y por eso la comento, la Declaración que los rectores de las universidades públicas madrileñas han elaborado para denunciar los recortes en la financiación de las mismas previstos en los presupuestos de la Comunidad para 2010 titulada "Por una Universidad pública europea y de calidad". La reducción prevista es de 126 millones de euros (en torno al 87 por ciento)en el capítulo de inversiones comprometidas previamente por el Gobierno de la Comunidad, además de no dotarse partidas para pagar las deudas ya contraídas, como la de la paga extra del pasado mes de Julio, y congelarse los créditos en personal y gasto corriente. Para los rectores, esto implica que se pone en grave riesgo la implantación de los estudios de grado y postgrado, acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior, así como el despegue de la investigación, el desarrollo y la innovación en la Comunidad.
Los rectores denuncian que las universidades no son prioritarias en la política educativa de la Comunidad, precisamente en un momento en que cuatro universidades públicas madrileñas acaban de obtener el certificado de Campus de Excelencia Internacional. Además, señalan, todas han aumentado el número de estudiantes, tanto los procedentes de la Comunidad como de otras Comunidades y extranjeros y resulta paradójico que, mientras otras comunidades han aumentado el presupuesto de las universidades, la de Madrid lo reduzca condenándolas a la asfixia económica. Dicen ser conscientes de la situación económica por la que atraviesa el país y por ello están haciendo grandes esfuerzos en el recorte de gastos pero, al mismo tiempo, destacan el consenso existente en Europa sobre la idea de que es necesario invertir más en educación e investigación para salir de la crisis.
Mi reflexión se orienta precisamente en ese sentido. Los rectores han señalado algo que los políticos, de la Comunidad y del Gobierno de la nación, del PP y del PSOE, dicen compartir. Sin ir más lejos, en los documentos que ambos partidos se han lanzado en la estéril pelea de la fallida cumbre autonómica, se hace alusión a la I+D+i y a la educación como motores imprescindibles para salir de la crisis. Alguien debería decirles que no basta con escribirlo en un documento o proclamarlo en un discurso; que hay que dotar en los presupuestos, de la Comunidad o del Estado, las partidas correspondientes en la cuantía suficiente para que se haga realidad el despegue de la economía basado en un sistema educativo más competitivo y en la investigación. Confiando en la magia de las palabras no vamos a ningún sitio pero, aunque no creo en los caracteres nacionales, me pregunto si estamos condenados en este país a primar la palabrería sobre la acción.
Actualmente, el precio que un alumno paga por la matrícula en una universidad pública oscila entre los 700 y los 1000 euros, según se trate de una carrera de las llamadas no experimentales o de una experimental. Esto supone aproximadamente el 20 por ciento del coste real de una plaza, que oscila entre los 5000 y los 6000 euros, y es cierto que estas cifras están muy distantes del precio que las universidades de los países desarrollados, las más competitivas, cobran al alumno y de los costes que tienen. Por ello algunos docentes proponen elevar el precio de la matrícula como medio para elevar la calidad de nuestras universidades, eliminando la penuria económica. En mi opinión, esto supondría un retroceso al establecer una intolerable selectividad económica en el acceso a la educación superior. Para no retroceder en la igualdad y tener universidades a la altura del país que queremos ser, y que hasta ahora creíamos ser, tendremos que ahorrar en otras cosas, pero no en educación.
Los rectores denuncian que las universidades no son prioritarias en la política educativa de la Comunidad, precisamente en un momento en que cuatro universidades públicas madrileñas acaban de obtener el certificado de Campus de Excelencia Internacional. Además, señalan, todas han aumentado el número de estudiantes, tanto los procedentes de la Comunidad como de otras Comunidades y extranjeros y resulta paradójico que, mientras otras comunidades han aumentado el presupuesto de las universidades, la de Madrid lo reduzca condenándolas a la asfixia económica. Dicen ser conscientes de la situación económica por la que atraviesa el país y por ello están haciendo grandes esfuerzos en el recorte de gastos pero, al mismo tiempo, destacan el consenso existente en Europa sobre la idea de que es necesario invertir más en educación e investigación para salir de la crisis.
Mi reflexión se orienta precisamente en ese sentido. Los rectores han señalado algo que los políticos, de la Comunidad y del Gobierno de la nación, del PP y del PSOE, dicen compartir. Sin ir más lejos, en los documentos que ambos partidos se han lanzado en la estéril pelea de la fallida cumbre autonómica, se hace alusión a la I+D+i y a la educación como motores imprescindibles para salir de la crisis. Alguien debería decirles que no basta con escribirlo en un documento o proclamarlo en un discurso; que hay que dotar en los presupuestos, de la Comunidad o del Estado, las partidas correspondientes en la cuantía suficiente para que se haga realidad el despegue de la economía basado en un sistema educativo más competitivo y en la investigación. Confiando en la magia de las palabras no vamos a ningún sitio pero, aunque no creo en los caracteres nacionales, me pregunto si estamos condenados en este país a primar la palabrería sobre la acción.
Actualmente, el precio que un alumno paga por la matrícula en una universidad pública oscila entre los 700 y los 1000 euros, según se trate de una carrera de las llamadas no experimentales o de una experimental. Esto supone aproximadamente el 20 por ciento del coste real de una plaza, que oscila entre los 5000 y los 6000 euros, y es cierto que estas cifras están muy distantes del precio que las universidades de los países desarrollados, las más competitivas, cobran al alumno y de los costes que tienen. Por ello algunos docentes proponen elevar el precio de la matrícula como medio para elevar la calidad de nuestras universidades, eliminando la penuria económica. En mi opinión, esto supondría un retroceso al establecer una intolerable selectividad económica en el acceso a la educación superior. Para no retroceder en la igualdad y tener universidades a la altura del país que queremos ser, y que hasta ahora creíamos ser, tendremos que ahorrar en otras cosas, pero no en educación.
