"ALGUNA INICIATIVA PARA REFORZAR LO QUE ES EL ESFUERZO DE DESARROLLO DEL ESTATUTO"

Con esa falta de fluidez, de destreza verbal, que lo caracteriza, consiguió al fin desatascarse y alumbrar la frase, tan discutible en la forma como en el contenido, que encabeza este escrito y que nos ha dejado perplejos e inquietos. Después de esperar durante cuatro años la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, lo menos que podíamos esperar era que el presidente del Gobierno, principal artífice del desaguisado autonómico de estos años, hubiera dado muestras de una mínima lealtad institucional aceptando el fallo sin matices y sacando las conclusiones autocríticas pertinentes. Al menos, lo primero. Lejos de ello, su anuncio de que recibirá a Montilla “para analizar la sentencia y, en su caso, si hubiera que tomar alguna iniciativa para reforzar lo que es el esfuerzo de desarrollo del Estatuto que hemos hecho”, nos indica que vuelve por sus fueros en su tendencia a plantear las reformas constitucionales esquivando la legalidad, recurriendo a subterfugios. Es la misma tendencia que lo llevó a apoyar un Estatuto que contradecía la Constitución. Estaremos atentos para ver qué nos depara esa reunión con Montilla.

Tampoco es de recibo considerar el fallo del Tribunal Constitucional un triunfo de los partidarios del Estatuto cuando anula cuestiones tales como la bilateralidad en las relaciones financieras con el Estado, lo que cuestiona el sesgo confederal que lo inspiraba; el uso preferente del catalán en la Administración Pública o un poder judicial propio. Pese a ser una sentencia blanda, éstas no son cuestiones baladíes.

La primera y obvia conclusión que cabe sacar es que los intereses electorales ciegan de tal manera al presidente que desaprovecha una ocasión más, la que brinda la sentencia, para hacer política con mayúsculas y sacar a colación el problema del Estado autonómico y abordar una imprescindible reforma constitucional para cerrarlo. Otra conclusión más pesimista sería que eso es imposible dado que no se trata de que los intereses electorales cieguen su visión política a largo plazo sino que carece de ella y, por lo tanto, sólo puede conducirse por lo único que lo motiva. Quédense con la que quieran. La segunda conclusión, derivada de la anterior, es que hacen falta líderes políticos con visión de Estado para llevar a cabo esa reforma. Cuanto antes se rompa el bipartidismo imperfecto, en alianza con los nacionalistas, que tiene secuestradas las grandes decisiones en función de los cálculos a corto plazo de los partidos, más posibilidades de abordar la reforma constitucional y de dotarnos de un Estado eficiente garante de la igualdad. Es una de las razones principales, en mi opinión la fundamental, que dieron origen a la creación de UPyD y hoy sigue vigente porque el problema empeora por momentos. Como muestra de ello no hay más que ver la reacción de la Junta de Andalucía que, a través de su portavoz, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, nos anuncia que “el Estatuto andaluz se seguirá desarrollando con toda normalidad”, pese a que coincide con el catalán en preceptos anulados. Aunque, formalmente, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no afecta a otra similar si no es recurrida a su vez, lo deseable es que la Junta de Andalucía y otros gobiernos autonómicos afectados, como el de la Comunidad Valenciana, hubieran sacado conclusiones de contenido pues el fallo afecta a sus estatutos aprobados. Pero es que la epidemia centrifugadora se extiende y la sensatez se está haciendo esperar.