Parece que, al fin, se ha llegado al consenso social y político en una idea: Es imprescindible un Pacto por la Educación que saque nuestro sistema educativo del deterioro en que está sumido. Ahora hay que clamar por que se consiga. No deberíamos, no deberían los responsables, desaprovechar la oportunidad de lograr un acuerdo por la educación del que depende nuestro futuro como sociedad y no sólo en el aspecto económico.
Ese pacto deberá atender a muchas más cuestiones que a la reforma de la Enseñanza Secundaria, y no es mi intención abordar aquí todas, pero es ésta una de las fundamentales y, dentro de ella, uno de los factores que está causando desde hace años disfunciones importantes que han lastrado el sistema es la imposición de un currículum compartido por todos los alumnos hasta los 16 años.
Cuando se pone demasiado alto el listón de los objetivos ideales, suele ocurrir que el fracaso esté asegurado si la realidad se empeña en no responder al ideal, que es lo que suele hacer. Es fácil estar de acuerdo con la idea de que todos los alumnos deberían alcanzar un nivel similar de conocimientos al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años, pero esta igualitaria y excelente idea en la teoría ha resultado un fiasco en la práctica llevándonos a unas tasas de fracaso escolar del 30 %. Y ha sido un fiasco por la sencilla razón de que los alumnos no parten en igualdad de condiciones dado que sus entornos socio-económico-culturales difieren notablemente, también sus capacidades y sus inclinaciones, y es de una gran torpeza pensar que el hecho de poner un objetivo alto para todos sin alterar las condiciones de partida igualando por abajo va a redundar mágicamente en el logro de esa meta para todos. Sabemos, a tenor de las encuestas, que el fracaso escolar guarda una estrecha relación con el nivel socio-cultural de la familia, siendo determinante la formación de la madre y la motivación que cree en los hijos. Las leyes, pues, no igualan. Si hay alguna forma de incidir sobre el origen del fracaso, que se haga, pero que no se intente camuflar la realidad con las leyes.
Por estas razones, se impone que la nueva ley que surja del pacto se haga eco de la petición clamorosa de los profesores de secundaria que ansían que no estén en las aulas adolescentes a los que no les interesa estudiar los contenidos del segundo ciclo de la ESO y están estorbando el progreso de los que sí quieren, al tiempo que están ellos mismos sufriendo un perjuicio en sus expectativas profesionales y de desarrollo general porque podrían estar formándose en una profesión. Se puede y se debe seguir manteniendo la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16, y así debe ser porque esta es la edad mínima de incorporación al mercado laboral y porque la formación no se puede detener en los 14, pero se debe implantar la formación profesional desde los 14, a lo sumo 15, y un bachillerato más largo y más riguroso, de 3 0 4 cursos, que es lo que están reclamando los profesores universitarios que se enfrentan a un alumnado deficientemente preparado para abordar una enseñanza superior cada vez más exigente. Y también contribuiría a elevar el nivel que al profesorado se exija titulación en materias afines a las que imparte. A esto debe ir unida la mejora y el prestigio de la Formación Profesional, el desechar la idea de que es un refugio para torpes y considerarla una opción imprescindible en la que pueden brillar alumnos que fracasarían en la actual ESO.
No es comprensible el empecinamiento que ha mantenido el PSOE para no abordar esta reforma como no es comprensible el del PP respecto a Educación para la Ciudadanía. Según el artículo 27.2 de la Constitución, la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Para garantizar que se cumple el precepto constitucional, se crea esta asignatura. Su contenido no tiene por qué entrar en conflicto con las creencias diversas de los padres y los alumnos porque se trata de instruir en valores compartidos en una democracia. En este sentido, la propuesta de UPyD de fijar un texto unificado para la asignatura que sirva de base a los profesores es la mejor forma de garantizar que no sea motivo de adoctrinamiento de ningún signo en aspectos morales que forman parte de las opciones individuales.
En mi opinión, en las propuestas de este partido en materia de educación, elemento central de su programa, podemos encontrar los elementos que son clave para lograr un sistema educativo a la altura de la sociedad desarrollada y culta a la que aspiramos: La apuesta por una escuela pública laica y de calidad; la importancia de los objetivos de instrucción; la educación como instrumento de cohesión, frente a las tendencias fragmentadoras que alientan tras las políticas de normalización lingüística de las comunidades bilingües; la revalorización de la Formación Profesional; la formación del profesorado…Es una lástima que su escasa representación parlamentaria actual no le permita formar parte de las conversaciones.
Aunque sólo sea porque la crisis que vivimos, más profunda que la de los países de nuestro entorno, nos ha recordado que necesitamos una profunda reforma educativa, los políticos deberían hacer un esfuerzo de responsabilidad y llegar a un acuerdo que aleje del irritante cruce de acusaciones entre partidos un asunto tan importante y estratégico. Sabemos que en las sociedades desarrolladas estamos condenados a sufrir las negativas consecuencias del bienestar y una de ellas es la tendencia a huir del esfuerzo. Este fenómeno de la laxitud que produce el éxito también explica el hecho de que las potencias emergentes, como China o India, estén en mejores condiciones de afrontar los retos del futuro que las viejas potencias. Por nuestra condición de nuevos ricos, sufrimos de manera especial este síndrome que afecta a toda la sociedad y también, como es lógico, a los estudiantes. Pero que la tendencia tenga explicación, no implica que nos resignemos a ella. La crisis puede ser una oportunidad para remontar.
Ese pacto deberá atender a muchas más cuestiones que a la reforma de la Enseñanza Secundaria, y no es mi intención abordar aquí todas, pero es ésta una de las fundamentales y, dentro de ella, uno de los factores que está causando desde hace años disfunciones importantes que han lastrado el sistema es la imposición de un currículum compartido por todos los alumnos hasta los 16 años.
Cuando se pone demasiado alto el listón de los objetivos ideales, suele ocurrir que el fracaso esté asegurado si la realidad se empeña en no responder al ideal, que es lo que suele hacer. Es fácil estar de acuerdo con la idea de que todos los alumnos deberían alcanzar un nivel similar de conocimientos al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años, pero esta igualitaria y excelente idea en la teoría ha resultado un fiasco en la práctica llevándonos a unas tasas de fracaso escolar del 30 %. Y ha sido un fiasco por la sencilla razón de que los alumnos no parten en igualdad de condiciones dado que sus entornos socio-económico-culturales difieren notablemente, también sus capacidades y sus inclinaciones, y es de una gran torpeza pensar que el hecho de poner un objetivo alto para todos sin alterar las condiciones de partida igualando por abajo va a redundar mágicamente en el logro de esa meta para todos. Sabemos, a tenor de las encuestas, que el fracaso escolar guarda una estrecha relación con el nivel socio-cultural de la familia, siendo determinante la formación de la madre y la motivación que cree en los hijos. Las leyes, pues, no igualan. Si hay alguna forma de incidir sobre el origen del fracaso, que se haga, pero que no se intente camuflar la realidad con las leyes.
Por estas razones, se impone que la nueva ley que surja del pacto se haga eco de la petición clamorosa de los profesores de secundaria que ansían que no estén en las aulas adolescentes a los que no les interesa estudiar los contenidos del segundo ciclo de la ESO y están estorbando el progreso de los que sí quieren, al tiempo que están ellos mismos sufriendo un perjuicio en sus expectativas profesionales y de desarrollo general porque podrían estar formándose en una profesión. Se puede y se debe seguir manteniendo la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16, y así debe ser porque esta es la edad mínima de incorporación al mercado laboral y porque la formación no se puede detener en los 14, pero se debe implantar la formación profesional desde los 14, a lo sumo 15, y un bachillerato más largo y más riguroso, de 3 0 4 cursos, que es lo que están reclamando los profesores universitarios que se enfrentan a un alumnado deficientemente preparado para abordar una enseñanza superior cada vez más exigente. Y también contribuiría a elevar el nivel que al profesorado se exija titulación en materias afines a las que imparte. A esto debe ir unida la mejora y el prestigio de la Formación Profesional, el desechar la idea de que es un refugio para torpes y considerarla una opción imprescindible en la que pueden brillar alumnos que fracasarían en la actual ESO.
No es comprensible el empecinamiento que ha mantenido el PSOE para no abordar esta reforma como no es comprensible el del PP respecto a Educación para la Ciudadanía. Según el artículo 27.2 de la Constitución, la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Para garantizar que se cumple el precepto constitucional, se crea esta asignatura. Su contenido no tiene por qué entrar en conflicto con las creencias diversas de los padres y los alumnos porque se trata de instruir en valores compartidos en una democracia. En este sentido, la propuesta de UPyD de fijar un texto unificado para la asignatura que sirva de base a los profesores es la mejor forma de garantizar que no sea motivo de adoctrinamiento de ningún signo en aspectos morales que forman parte de las opciones individuales.
En mi opinión, en las propuestas de este partido en materia de educación, elemento central de su programa, podemos encontrar los elementos que son clave para lograr un sistema educativo a la altura de la sociedad desarrollada y culta a la que aspiramos: La apuesta por una escuela pública laica y de calidad; la importancia de los objetivos de instrucción; la educación como instrumento de cohesión, frente a las tendencias fragmentadoras que alientan tras las políticas de normalización lingüística de las comunidades bilingües; la revalorización de la Formación Profesional; la formación del profesorado…Es una lástima que su escasa representación parlamentaria actual no le permita formar parte de las conversaciones.
Aunque sólo sea porque la crisis que vivimos, más profunda que la de los países de nuestro entorno, nos ha recordado que necesitamos una profunda reforma educativa, los políticos deberían hacer un esfuerzo de responsabilidad y llegar a un acuerdo que aleje del irritante cruce de acusaciones entre partidos un asunto tan importante y estratégico. Sabemos que en las sociedades desarrolladas estamos condenados a sufrir las negativas consecuencias del bienestar y una de ellas es la tendencia a huir del esfuerzo. Este fenómeno de la laxitud que produce el éxito también explica el hecho de que las potencias emergentes, como China o India, estén en mejores condiciones de afrontar los retos del futuro que las viejas potencias. Por nuestra condición de nuevos ricos, sufrimos de manera especial este síndrome que afecta a toda la sociedad y también, como es lógico, a los estudiantes. Pero que la tendencia tenga explicación, no implica que nos resignemos a ella. La crisis puede ser una oportunidad para remontar.
1 comentario:
Y además, no es lógico empezar ninguna reforma sin llevar a cabo una inversión económica importante. La comparación con el sistema educativo finlandés o cualquier otro país del norte de Europa no tiene mucho sentido si no nos fijamos en los impuestos que pagan y cuánto se dedica a educación.
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