En contra de lo que puede parecer a la vista de la convocatoria de manifestación para el día 17, en España el aborto está despenalizado desde 1985, en los supuestos de violación, malformaciones del feto y peligro grave para la vida o la salud física o psíquica de la madre, regulados en el artículo 417-bis del Código Penal. A tenor de este último, se puede decir que, en la práctica, el aborto no ha tenido limitaciones, pero sí ha dado lugar a una situación de inseguridad jurídica para los médicos responsables de los dictámenes y también a que se practiquen abortos en etapas muy avanzadas del embarazo, pues este supuesto no tiene limitación temporal. El proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que el Gobierno ha presentado para su debate en las Cortes supone una mejora que resulta imprescindible para evitar la inseguridad jurídica y también los abortos en etapas muy avanzadas de la gestación, al establecer un plazo de 14 semanas de aborto libre por decisión de la mujer, no sujeto a ninguna mediación médica ni jurídica, aunque sí a la información en el centro de salud sobre las ayudas a la maternidad. Entre la semana 14 y la 22, se establece la posibilidad de abortar por malformaciones graves del feto o peligro grave para la vida o la salud de la mujer y, más allá de la 22, solo en caso de malformaciones incompatibles con la vida se podría interrumpir el embarazo.
No veo, pues, motivo sincero para este rasgado de vestiduras por parte de los contrarios a la nueva ley cuando el número de abortos no va a aumentar cuando esté vigente. La posición de la Iglesia Católica es contraria en cualquier caso, incluso cuando la vida de la madre esté en peligro, y también es contraria a los anticonceptivos, luego, en principio, no tiene mucho sentido aprovechar esta reforma para fijar posiciones salvo que consideremos, y hay que concederles eso, que todo el mundo tiene derecho a ser oportunista a la hora de divulgar sus ideas, aprovechando el mejor momento en que tienen más posibilidades de ser escuchadas o que tácticamente les interese. Pero no es de recibo discutir la potestad del Estado de legislar para todos, teniendo en cuenta, además, que ninguna mujer está ni estará obligada a abortar en ningún caso.
Más chuscas resultan las declaraciones de los dirigentes del PP, que merecen comentario aparte. Decir que el gobierno utiliza la ley del aborto para "tapar la crisis económica" no es una genialidad política, la verdad. Según esa lógica, cualquier medida no relacionada directamente con la crisis económica debe posponerse hasta que ésta pase para que no dejemos de ser conscientes de ella en todo momento. Me sorprendería que alguien afectado por la situación económica se olvidara de que se ha quedado en paro, por ejemplo, solo porque se está discutiendo sobre el aborto en el Congreso. Tal vez el PP refleja ahí su miedo a que nos olvidemos de que hay crisis económica porque cifra en ello sus esperanzas de llegar a gobernar. Pero hay otra razón por la que es una majadería contraponer los problemas económicos a la regulación del aborto: La reproducción humana es un asunto económico sin lugar a dudas. Lo es a escala macroeconómica, en la que podemos apreciar la estrecha relación demografía-economía y, como es obvio, lo es a escala microeconómica porque, tras la decisión de abortar, está en un buen número de casos el peso de la situación económica de la mujer y su pareja. Por supuesto que, además del aspecto económico, tiene otros morales, religiosos en algunos casos, médicos...pero tanto en la motivación de muchas de estas decisiones como en sus efectos, no se puede negar la implicación económica. Esperamos mejores argumentos por parte del PP en el momento del debate parlamentario.
Creo que merece la pena centrarse en lograr que el texto de la nueva ley sea el mejor posible y que el debate sea sereno, porque sin duda se puede mejorar el proyecto. En mi opinión, carecería de sentido que la indicación de peligro grave para la salud incluyera la de peligro grave para la salud psíquica de la mujer. Éste sería el principal aspecto a mejorar, permitiéndose entre la semana 14 y la 22 el aborto por malformaciones graves del feto y peligro para la vida o la salud física de la madre que son supuestos objetivables. Si una de las motivaciones de la ley es evitar la inseguridad jurídica, no puede dejarse esta indicación ambigua que en la ley vigente ha dado lugar a que el aborto haya sido libre en la práctica sin limitación. Con un plazo de 14 semanas de aborto libre no se ve la necesidad de introducir estas trampas. Es un plazo más que suficiente para tener un diagnóstico y tomar una decisión. Otro punto a mejorar sería determinar claramente que el plazo de 14 semanas se hiciera según el cómputo médico habitual, y no desde la concepción, pues, si no se precisa, estaríamos ante otra fuente de inseguridad.
No comparto, sin embargo, el rechazo de gran parte de las opiniones publicadas a la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Es claro que la medida tiene como finalidad evitar que, ante un embarazo no deseado, una joven tenga que continuar adelante con él por la oposición de sus padres cuando existen diferencias ideológicas entre ambas partes. O, lo más probable, que recurra a un aborto clandestino. No olvidemos que el tener un hijo es una decisión que determinará la vida de la madre de forma permanente; suya, por tanto, debe ser la responsabilidad y esto se debe salvaguardar en los casos de conflicto. Para conciliar el ejercicio de la patria potestad hasta la mayoría de edad legal con el derecho de la mujer embarazada, la ley mejoraría bastante si incluyese las recomendaciones que a este respecto ha formulado el Consejo de Estado sobre el derecho de los padres de la menor a ser informados salvo en casos excepcionales de desarraigo familiar, violencia doméstica o agresiones y abusos sexuales. Ese informe considera los 16 años como el umbral de la madurez y se remite para fundamentar jurídicamente esta opinión al Código Civil donde se establece que a esa edad se puede instar la emancipación de los menores.
Pienso que lo mejor que los padres pueden hacer para evitar el aborto de sus hijas es preocuparse de darles, a ellas y a los hijos varones, la mejor formación sexual, que es algo más que la información, para evitar embarazos no deseados, y reclamarla del sistema educativo. No me ahorraré el lugar común de esperar que la educación sexual que demos a los adolescentes sea tan efectiva que no haya lugar a que tengan que pasar por ese trance. Nunca se dirá bastante. Más difícil lo tienen los padres católicos que no admiten otro método anticonceptivo que no sea la castidad, pero esa es otra historia. Tampoco me ahorraré otro lugar común que es el de abogar por los hijos que ya están, vivos y conscientes, a los que hay que dar lo mejor para que pasen por este "valle de lágrimas" en las mejores condiciones posibles, y una de las cosas mejores que podemos darles es, tal vez, el privilegio de haber nacido deseados.
