Supongo que muchos conoceréis la anécdota de aquel alcalde de un pueblo sevillano elegido en las primeras elecciones municipales democráticas tras la Constitución del 78 que, al ser informado por un técnico municipal de que no se podía hacer determinada canalización de la forma en que él quería, debido a la ley de la gravedad, respondió que eso no sería ningún problema porque ahora todas las leyes que hubiera que cambiar se cambiarían porque había democracia y gobernaban ellos.
Me viene a la cabeza esta anécdota porque, a diferencia de aquel alcalde tan audaz en su ignorancia, algunas personas consideran las leyes por las que nos regimos tan inmutables como las leyes físicas. Es lo que les ocurre a muchos de los que ven razonables las propuestas del programa de UPyD pero consideran difícil que se hagan los cambios que UPyD propone porque chocan con los intereses de otros partidos y lo que parece una tendencia inamovible a que las cosas sigan como están.
Lo cierto es que basta con echar un vistazo a la historia para comprobar que desde el Paleolítico se vienen produciendo cambios en las sociedades y en los sistemas políticos, cambios generalmente impulsados por la necesidad, que vence a las inercias y se impone.
Los que simpatizan con las propuestas de UPyD ven especialmente difícil la reforma constitucional que revise el modelo territorial. Y no puede negarse que en nuestro panorama político puede apreciarse que, pese a necesidades perentorias de reforma de nuestro modelo autonómico, se encuentran numerosas resistencias, resistencias que responden a intereses particulares creados, no al bien común, pero que están retrasando la salida de la crisis política a la que ha llegado el modelo territorial establecido en la Constitución del 78. En su corta vida, UPyD ha logrado poner en el punto central del debate político los grandes retos a los que debe enfrentarse nuestro país para salir de la crisis política que está lastrando nuestra economía agudizando la crisis económica. Además, ha conseguido que se hable de ellos no solo en los círculos especializados sino en la calle y que se entienda la necesidad de llevar a cabo reformas imprescindibles tales como:
-Delimitar claramente el reparto de competencias entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, cerrar el modelo autonómico y devolver al Estado competencias en Educación, Sanidad, Justicia y Medio Ambiente. No por ninguna pasión malsana por la centralización sino porque se ha demostrado la inviabilidad de nuestro Estado de continuarse con la dispersión de estas competencias.
-Eliminar las duplicidades y redundancias entre Estado y comunidades, así como una gran cantidad de organismos superfluos que han disparado el gasto público.
-Eliminar los privilegios del cupo vasco y la aportación navarra que, en nombre de derechos históricos forales, profundizan las desigualdades.
-Reconocer a todas las comunidades autónomas las mismas competencias, capacidad legislativa y sistema de financiación, basado en la corresponsabilidad fiscal.
-Reconocer que tienen derechos las personas y no las lenguas y, por tanto, que, en las comunidades con dos lenguas cooficiales, sea posible elegir la lengua de escolarización y la de relación con la Administración Pública.
-Abandonar las balanzas fiscales como indicadores pues son las personas las que tienen derechos y no los territorios.
-Tratar el agua como recurso común y elaborar un plan hidráulico nacional.
-Suprimir las cláusulas de los nuevos estatutos de autonomía que condicionan las inversiones del Estado en cada comunidad.
-Despolitizar el Tribunal Constitucional y la figura del Fiscal General del Estado.
-Cambiar la Ley Electoral
Tras lograr que se hable de las reformas imprescindibles, tras lograr un importante grado de acuerdo de muchas personas sobre este programa, queda un último paso, que es lograr la representación parlamentaria suficiente para que las reformas se lleven a cabo sin contemplaciones a los intereses creados. Para ello, es necesario que los que están convencidos de la bondad de estas propuestas, entiendan que son plenamente realizables. Volviendo al principio, no se trata de cambiar las leyes físicas, ni siquiera de pretender cambios de difícil implantación. Son perfectamente posibles porque son necesarios, porque la situación es insostenible, y lo único que impide su puesta en práctica son esas resistencias que los partidos establecidos oponen. Si UPyD logra una buena representación para ser determinante en la próxima legislatura, comprobaremos que esos partidos, con su entramado de intereses, que se oponen a las reformas o quieren hacer un simple maquillaje, son gigantes con los pies de barro porque se asientan sobre un sistema en quiebra y la codicia y el afán de perpetuarse en sus feudos no pueden contra la realidad de un Estado que se ha hecho inviable. Los candidatos de UPyD no están hechos de distinta pasta de la del resto de los políticos, pero sí pertenecen a una estructura joven y sin intereses creados que son los que ciegan la visión de los partidos tradicionales. Hay que ir a votar, pues, con la convicción de que nada está decidido y de que, en cualquier lugar de España donde se viva, el voto a UPyD será útil para que este partido tenga grupo parlamentario y sea determinante en la próxima legislatura.
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