LA LEY ELECTORAL, INJUSTA Y OBSOLETA

Nuestro sistema electoral se enmarca, jurídicamente, en los denominados sistemas proporcionales. No obstante, hay acuerdo entre los expertos en que genera una proporcionalidad muy deficiente, lo que hace concluir a algunos autores que, políticamente, se aproxima a los sistemas mayoritarios por sus efectos, constituyendo un sistema mayoritario matizado. Para dotarnos de una proporcionalidad que garantice la equidad en la representación, se hace imprescindible una reforma, pero los partidos llamados a reformarlo, al ser los principales beneficiarios, no muestran interés en hacerlo. Prueba de ello es la parálisis de la comisión parlamentaria creada al principio de la legislatura para abordar esta cuestión y el malestar que ha generado entre los demás partidos, con la excepción de IU, el que la diputada de UPyD intentara sacar del letargo la cuestión recientemente.

En España son varios los elementos distorsionadores de la proporcionalidad que hacen que haya opciones políticas infrarrepresentadas respecto al número de votos obtenidos y también ciudadanos cuyo voto tiene menor valor, menor efectividad que el de otros, según el lugar y el partido al que voten. Estos elementos son:
-Una cámara de 350 diputados para 52 circunscripciones electorales, lo que lleva a un escaso número de escaños asignados a cada circunscripción. Por ello, el umbral del 3%, que se aplica a escala de circunscripción y no nacional, es un umbral inútil en casi todas porque, al ser escaso el número de escaños a repartir, el umbral medio está por encima del 10% y, en algunos casos, del 20%.
-Las diferencias enormes de densidad de población entre circunscripciones lo que, unido al mínimo establecido de 2 escaños por provincia, conduce a que, según el lugar del territorio, un escaño en el Congreso de los Diputados pueda obtenerse con 23.155 votos en Soria y 95.742 votos en Madrid(datos de las elecciones parlamentarias de 2008)
-Las diferencias entre los partidos según la mayor o menor concentración del voto. IU y UPyD serían las principales perjudicadas por este efecto, al tener el voto muy repartido, frente a algunos partidos nacionalistas, que serían los principales beneficiarios, por tenerlo muy concentrado.

Los partidarios del vigente sistema ensalzan la estabilidad y los gobiernos fuertes que propicia. Para ellos, las elecciones no tendrían la finalidad de hacer una fotografía fiel del electorado con la finalidad de que los gobernados sean en la mayor medida posible los gobernantes, sino de facilitar un gobierno con amplia capacidad decisoria. Ésas fueron las razones que lo inspiraron pues el sistema data de antes de la Constitución, fue el aplicado para las elecciones de 1977, y su finalidad era evitar la fragmentación y garantizar gobiernos estables y fuertes ante la incertidumbre que generaba el momento de cambio. Hace tiempo que dejó de estar justificado y se ha convertido en claramente lesivo para los intereses de los electores por ser generador de privilegios para algunas opciones políticas y producir desigualdades en la eficacia del voto de los electores. Pero, además, ha tenido el efecto perverso, que es el que quiero resaltar, de generar dos poderosas oligarquías que, por la inercia del sistema, tienden a perpetuarse y su poder se afianza más y más por la lógica del círculo vicioso que se produce: Más poder electoral genera más recursos y más capacidad de control de todas las esferas económicas, lo que, a su vez, da lugar a más posibilidades de seguir ampliando las expectativas electorales. Al mismo tiempo, es un factor que actúa en contra de la necesaria renovación interna de los partidos privilegiados.

Algunos resaltan que la desproporcionalidad se ha reducido al ir disminuyendo el número de partidos y concentrándose el voto, es decir, que se ha reducido la diferencia partidos electorales-partidos parlamentarios. Lo que puede entenderse como una virtud del sistema, para mí es más bien un defecto porque ha funcionado el efecto disuasorio de votar a un partido minoritario por el temor a que no logre representación o tenga una escasa representación que no le permita ser decisivo y, así, muchos electores optan por votar a los mayoritarios aunque no sean sus opciones preferidas. Es decir que, más allá del efecto distorsionador sobre el voto efectivamente emitido, actúa un efecto aún más perturbador al disuadir al elector de votar su opción preferida, reduciéndose a la larga el número de partidos y reduciendo las expectativas de los minoritarios al situarlas por debajo de la capacidad real de atracción de sus programas.

El resultado observado, pues, es el anquilosamiento creciente del sistema. Si no es el culpable de todos los males de nuestra democracia, el sistema electoral contribuye con algo más que un grano de arena a los mismos y es tiempo de plantearse con urgencia modificarlo. Al preguntarnos qué reforma, vemos dos tipos posibles:

Una reforma que cambie la Ley Electoral sin cambiar la Constitución, respetando la circunscripción provincial, iría en la dirección de la propuesta del Consejo de Estado: esencialmente, ampliar a 400 el número de escaños del Congreso, fijar en 1 diputado el mínimo por provincia y cambiar el método de adscripción de escaños, que actualmente es la fórmula D’Hont a otra que favorezca más la proporcionalidad, la fórmula Hare o alguna intermedia como la Sainte-Lagüe. El método D’Hont pertenece al grupo de los denominados del mayor cociente, y está concebido para circunscripciones muy grandes, con mucha población. Al aplicarse a circunscripciones pequeñas, como es nuestro caso, tiene unos claros efectos distorsionadores de la proporcionalidad, favoreciendo a los partidos grandes. Por el contrario, el método Hare, o del mayor resto, respeta la proporcionalidad al no beneficiar a los grandes. Dados los tiempos de imprescindible austeridad que vivimos, a algunos les causa pavor la sola mención de ampliar el número de escaños, pero habría que decir que nuestro Congreso es, entre los del entorno, de los menos numerosos y que hay mucho margen para ahorrar en gastos superfluos.

Una reforma más ambiciosa y más justa supondría la reforma de la Constitución porque llevaría a eliminar la circunscripción provincial y establecer la circunscripción única, que es la que se aplica en las elecciones al Parlamento Europeo, o bien la circunscripción autonómica, en consonancia con nuestro estado autonómico. Por supuesto, descartando en todo caso la fórmula D’Hont y aplicando la Hare.

Existe una propuesta intermedia, que consiste en no alterar la circunscripción provincial pero creando una circunscripción única paralela en donde se distribuirían 50 escaños con los restos no utilizados en las circunscripciones provinciales. Es discutible si esta propuesta tiene encaje en la Constitución, que fija la provincia como circunscripción electoral.

Por razones históricas y por inercias poco racionales, las reformas constitucionales, tan habituales en otros países, aquí son tabú, pero deberíamos abrir un poco la mente para entender que las leyes, y la Constitución entre ellas, son instrumentos para facilitar el bienestar y la convivencia y no objetos de adoración inalterables. Ya hemos superado la prueba de la estabilidad del sistema en su conjunto y no hay riesgo alguno en abordar cambios que se han ido haciendo imprescindibles. Rompiendo la restricción constitucional, podría asegurarse mejor la proporcionalidad del sistema y a ello deben ir encaminados los esfuerzos. Como la reforma necesaria para modificar el sistema electoral no afecta a las partes de la Constitución que requieren un procedimiento agravado, con disolución de las cámaras y referéndum, no es tan difícil de llevar a cabo. Pero si tiene que ser sin reforma constitucional, que sea, pero que no se demore más.