El último barómetro del CIS refleja un cambio importante en las preocupaciones de los ciudadanos: Un 54,1% de españoles creen que hay que reformar la Constitución. A la pregunta sobre qué aspectos habría que reformar, un 6,9 por ciento responde que el sistema autonómico, el segundo porcentaje más alto, tras la Justicia, que obtiene un 9 por ciento. Observando los resultados clasificados por condición socio-económica, me parece también significativo que el mayor porcentaje de respuestas favorables a la reforma del sistema autonómico se da entre los colectivos de más cualificación profesional llegando a un 17, 5 en el grupo A(empresarios con asalariados, altos funcionarios, altos ejecutivos y profesionales por cuenta propia) y siendo muy superiores a la media los grupos B( profesionales y técnicos por cuenta ajena y cuadros medios), C(comerciantes y pequeños empresarios) y J(estudiantes), lo que indica que es prevalente este criterio entre los grupos más dinámicos y formados de la sociedad.Es de gran importancia este cambio de opinión, que revela un distanciamiento abismal entre las preocupaciones de la gente y la agenda política de los partidos mayoritarios, mejor dicho, de todos los partidos excepto UPyD. Como se sabe, éste es uno de los elementos importantes en el programa de Unión Progreso y Democracia, lo que indicaría que, más allá de los resultados que predicen las encuestas, que muestran un aumento sostenido de intención de voto, UPyD está ganando la batalla ideológica al ganar terreno sus propuestas de reforma constitucional y especialmente la relativa al Estado Autonómico. Es cuestión de tiempo, poco tiempo, que gane también la electoral.
Algunos políticos de los grandes partidos, muy atentos a la demoscopia y ansiosos por marcar posiciones de cara a las convulsiones que se avecinan, se están apresurando a sumarse al carro de la crítica al funcionamiento o las disfunciones del Estado Autonómico. Estaría muy bien si estas críticas no escondieran una gran dosis de cinismo u oportunismo flagrante, por las posiciones que han mantenido hasta ayer y de las que se van a olvidar mañana, porque podrían instar las reformas y no lo hacen. No cabe duda de que para llevar a cabo la reforma constitucional se precisa el concurso de los dos grandes partidos y que estos tienen que captar el sentir que ya está en la calle. Pero se equivocan quienes piensen que, sin la presencia de UPyD en las instituciones, las reformas se van a llevar a cabo.
Y no sólo porque este partido fuera pionero en detectar el problema y la necesidad de su reforma, que, por supuesto, lo fue. Es que, además, UPyD lleva en su programa la reforma del Título VIII de la Constitución y defiende el mismo en toda España con la misma convicción por muy impopular que pueda resultar en algunas autonomías. Asimismo, y pese a sus escasos recursos, se ha tomado la molestia de elaborar el estudio “El coste del Estado Autonómico”, publicado por la Fundación Progreso y Democracia, en el que se analizan las duplicidades, redundancias y excesos del mismo, porque sólo a partir del análisis del funcionamiento del sistema, se podrá proceder a su reforma. Por extraño que pueda parecer, no se ha hecho nada similar desde los gabinetes de estudio ni desde las mil fundaciones bien subvencionadas de los partidos millonarios, más preocupados en el reparto de prebendas y sinecuras que están minando las finanzas públicas que en atender al bien común que debería preocuparlos.
Precisamente por esa inactividad, no son creíbles las súbitas conversiones a la racionalización del Estado. Y resultan menos creíbles cuando se observa que en los 17 miniestados que se han ido constituyendo, los intereses de las élites locales de esos partidos han ido tejiendo su red de intereses; han sido los autores de esa proliferación de entes despilfarradores; se han dejado abducir por el discurso de los partidos nacionalistas en las comunidades donde existen; han hecho su agosto en la vorágine centrifugadora y, en fin, son los principales beneficiarios de la situación que hay que cambiar.
Por ello no hay que cometer el error de dejarnos engañar por los conversos que tienen las miras puestas en las próximas elecciones. Para que se haga la reforma constitucional que el país necesita, y los sectores más conscientes de la sociedad están empezando a demandar, es preciso que UPyD tenga una representación importante en las instituciones. Porque no tiene hipotecas ni intereses que lo aten y va aglutinando a personas conscientes de que tenemos en nuestras manos la oportunidad de dar un vuelco que libre a nuestro país del abismo al que se aboca; porque tiene convicción, en suma. Y no hay mucho tiempo para actuar. Por ello, las próximas elecciones municipales y autonómicas, a las que UPyD concurre con un programa en clave nacional, tienen que ser el punto de partida de un despegue mucho mayor de cara al 2012. No basta con ganar la batalla ideológica.
